BUENOS AIRES, 9 oct (Xinhua) — El Congreso de Argentina respaldó hoy miércoles durante una sesión especial el reciente veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba el presupuesto para las universidades nacionales. La votación realizada en la Cámara de Diputados para ratificar la ley que observó el Ejecutivo el 3 de octubre obtuvo este día un total de 160 votos positivos, 85 negativos y cinco abstenciones, por lo que no alcanzó el respaldo de los dos tercios de los presentes, un piso que era necesario para sostener la validez de la norma. Al comienzo de la sesión, la diputada Vanina Biasi (Frente de Izquierda de los Trabajadores) manifestó su rechazo al veto presidencial: «Nuestra lucha se tiene que profundizar, porque no tenemos asegurado el presupuesto para las universidades», afirmó la legisladora, mientras que su par Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) pidió «tener una mirada federal en relación con las universidades» y «actualizar el presupuesto». Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma vetada suponía una erogación equivalente al 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano. La iniciativa declaraba la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y preveía una distribución fija del presupuesto universitario, del 85 por ciento para gastos salariales y de un 15 por ciento para gastos generales, con un mecanismo de actualización bimestral atado a una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor, la variación del tipo de cambio (paridad peso-dólar) y la variación en las tarifas de los servicios públicos. La diputada Pamela Calletti (Innovación Federal) lamentó el veto presidencial, al sostener que no se debatían «sólo gastos, sino también la situación de emergencia en la que se encuentran las universidades». Al justificar el veto a la norma, el Ejecutivo dijo que lo hacía por tratarse de una norma contraria a la política oficial de «déficit cero». La medida de veto había sido anticipada por distintos funcionarios gubernamentales, por lo que un día antes de conocerse, el 2 de octubre, miles de estudiantes se movilizaron en distintas ciudades de Argentina para expresar su rechazo. La presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández De Piccoli, leyó un documento ese día en esta capital a través del cual advirtió que «la educación es un derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad». En el documento «La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia» se señaló que «la reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario» del personal de las casas de estudio. Según un reporte de la Universidad de Buenos Aires (UBA), esa casa de estudios enfrenta una reducción del 26 por ciento en términos nominales y del 80 por ciento en términos reales de su presupuesto para educación, salud, ciencia, técnica y hospitales universitarios. Este miércoles, el legislador de La Libertad Avanza (oficialismo), José Luis Espert, aseguró en el recinto que «la educación universitaria pública no está en peligro, aunque cuenta con problemas. Heredamos un sistema educativo básico destruido, el 46 por ciento de los estudiantes universitarios tarda 10 años en terminar carreras, solo cuatro de 10 estudiantes son regulares, y sólo el 12,4 por ciento de los jóvenes más pobres va a la universidad». El Ejecutivo adujo al vetar la ley que la iniciativa carecía de previsión presupuestaria y de los recursos necesarios para su financiamiento. En ese marco, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, dijo hoy a través de redes sociales que «el veto a la ley de financiamiento universitario es una decisión responsable y necesaria para garantizar el equilibrio fiscal y el déficit cero. Nuestro compromiso desde el gobierno es llevar adelante una administración seria, que haga un uso eficiente de los recursos públicos en favor de todos los argentinos». Tras conocerse la decisión del Congreso se produjeron incidentes entre manifestantes que celebraron la ratificación del veto presidencial y grupos que lamentaron la caída de la ley de financiamiento universitario. Fin