SAO PAULO, 13 mar (Xinhua) — El Gobierno de Brasil no prevé ofrecer compensaciones financieras a las empresas en caso de que avance una reducción de la jornada laboral semanal y el eventual fin de la escala laboral conocida como «6×1», en la que los trabajadores cumplen funciones seis días consecutivos y descansan uno, afirmó hoy el ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho. «En el caso de la jornada de trabajo, no veo que corresponda ningún tipo de compensación financiera», declaró Marinho durante una reunión con representantes empresariales del sector de servicios realizada en la sede del Sindicato de Empresas de Servicios Contables, de Asesoramiento, Pericias, Informaciones e Investigaciones (Sescon), en Sao Paulo. La discusión sobre la reducción del tiempo de trabajo se desarrolla actualmente en el Congreso brasileño, donde se analiza una propuesta de enmienda constitucional que plantea reducir la jornada máxima semanal de 44 a 36 horas sin reducción salarial. El Gobierno federal, sin embargo, defiende una reducción inicial hasta 40 horas semanales, con dos días de descanso por semana. «No hay posibilidad de hablar ahora de 36 horas en 2026. Podemos hablar de 40 y proyectar cuándo será posible llegar a 36», afirmó el ministro, exdirigente sindical. Representantes empresariales han solicitado al Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aplazar el debate o adoptar medidas de alivio fiscal para sectores que podrían verse más afectados por la reducción de la jornada laboral, argumentando que la medida implicaría un aumento de los costos operativos. Un estudio del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas (FGV) señala que reducir la jornada sin recortar salarios elevaría el costo laboral por hora, lo que podría presionar a las empresas a aumentar precios o reducir empleos. Según ese análisis, la medida podría provocar la pérdida de alrededor de 638.000 puestos de trabajo formales, con impactos más significativos en sectores como la construcción, el comercio y la agropecuaria, además de un efecto negativo de cerca de 0,7 por ciento sobre el Producto Interno Bruto (PIB). Marinho, sin embargo, afirmó que el Ministerio de Trabajo también cuenta con estudios que apuntan a efectos positivos. Según el ministro, los costos promedio para las empresas podrían aumentar 4,7 por ciento, pero la productividad laboral crecería 8,1 por ciento. «Una mejor organización del trabajo trae disminución del ausentismo, de enfermedades y de accidentes; además genera mayor satisfacción, calidad y productividad», sostuvo. El ministro también descartó la idea de aplazar la discusión por tratarse de un año electoral en el cual el presidente se juega la reelección. De acuerdo con la propuesta defendida por el Gobierno, la reducción de la jornada máxima a 40 horas semanales debería acompañarse de dos días de descanso, mientras que la definición concreta de los días de trabajo quedaría sujeta a negociación colectiva entre empresas y trabajadores. Fin
