Por Willey Peñuela CARACAS, 27 mar (Xinhua) — Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela configuran un sistema complejo de restricciones financieras, comerciales y energéticas que ha impactado de forma estructural el funcionamiento de su economía, con efectos particularmente severos desde 2017. En los últimos meses, Estados Unidos ha introducido una serie de medidas que flexibilizan parcialmente sus sanciones unilaterales contra Venezuela, en especial, mediante la emisión de licencias que amplían ciertas actividades permitidas en sectores clave como el energético. Sin embargo, estas acciones no implican la eliminación de las sanciones, sino más bien una adaptación selectiva del esquema restrictivo, que continúa vigente y mantiene limitaciones estructurales sobre la economía venezolana. De acuerdo con datos del estatal Observatorio Venezolano Antibloqueo, al cierre de 2025 se contabilizaban más de 1.081 sanciones activas contra el país, dirigidas a personas, instituciones, empresas y sectores estratégicos. Estas medidas incluyen el bloqueo de activos venezolanos, la prohibición de financiamiento internacional y restricciones a la industria petrolera, principal fuente de ingresos de Venezuela, lo que ha limitado su capacidad de inserción en el sistema financiero global. El entramado sancionatorio se sustenta en órdenes ejecutivas emitidas desde la Casa Blanca y regulaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU., que han evolucionado hacia un modelo integral de presión económica con efectos acumulativos muy perversos sobre la actividad productiva. A este esquema se suman sanciones secundarias que generan, o pretenden generar, un efecto disuasivo sobre terceros países y empresas, dificultando operaciones comerciales incluso fuera de la jurisdicción estadounidense, lo cual profundiza estructuralmente el daño a la economía venezolana. En paralelo, el sistema incorpora licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permiten excepciones específicas dentro de un marco general de prohibiciones. Durante los primeros tres meses de 2026, Estados Unidos emitió un conjunto de nuevas licencias que amplían las actividades autorizadas, particularmente en el sector energético, sin desmontar el régimen sancionatorio vigente. La Licencia General 46, posteriormente actualizada, permite la producción, transporte y comercialización de petróleo venezolano con participación de empresas extranjeras, bajo condiciones controladas. Por su parte, la Licencia 47 autoriza la exportación de diluyentes desde Estados Unidos, insumo esencial para el procesamiento del crudo pesado venezolano y su colocación en mercados internacionales. Las licencias 48 y 48A habilitan el suministro de bienes, servicios y asistencia técnica al sector petrolero, lo que facilita la reactivación de infraestructura afectada por años de restricciones. En tanto, las licencias 49 y 49A permiten negociar contratos de inversión en petróleo y gas, aunque su ejecución depende de autorizaciones adicionales, lo que limita su alcance inmediato. La Licencia 50 y su actualización 50A autorizan operaciones de empresas energéticas internacionales en Venezuela, en un marco de supervisión financiera que condiciona el flujo de ingresos. Asimismo, la Licencia 30B facilita operaciones portuarias y aeroportuarias vinculadas al comercio energético, contribuyendo a la reactivación de rutas logísticas. En el ámbito financiero, la Licencia 5U permite transacciones relacionadas con bonos específicos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, en un contexto marcado por disputas sobre activos externos. La Licencia 51, emitida recientemente, autoriza operaciones con oro venezolano, ampliando el espectro de actividades permitidas bajo condiciones regulatorias estrictas. Estas flexibilizaciones introducen espacios operativos para la economía venezolana, especialmente en la producción y exportación de hidrocarburos, con efectos potenciales sobre el ingreso nacional. Sin embargo, los mecanismos establecidos mantienen controles del poder estadounidense sobre los flujos financieros venezolanos, incluyendo la supervisión de pagos y restricciones sobre la libre disposición de recursos. El sistema resultante combina aperturas parciales con restricciones estructurales profundas que no han sido desmontadas, lo que limita el alcance de la recuperación económica y mantiene condiciones de presión externa. En este contexto, es evidente que no se trata de un levantamiento de sanciones, sino de una flexibilización selectiva y controlada desde Washington. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido con especial énfasis en días recientes el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, en el marco de la reanudación y reestructuración de las relaciones políticas, diplomáticas y económicas entre Caracas y Washington. Fin
- Sáb. Mar 28th, 2026