Por René Quenallata Paredes LA PAZ, 28 may (Xinhua) — Bolivia enfrenta uno de los episodios de mayor desgaste económico y político de los últimos años tras casi un mes de bloqueos de carreteras y protestas sociales que ya provocaron pérdidas calculadas, según industriales y exportadores, en más de 1.680 millones de dólares, equivalentes al 2,26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras expertos advierten que la recuperación podría tomar más de un año. La crisis, que comenzó con reclamos salariales y demandas sectoriales, evolucionó hacia un amplio movimiento de presión política contra el Gobierno del presidente, Rodrigo Paz, y mantiene al país fragmentado por al menos 80 puntos de bloqueo distribuidos en distintas regiones del país, con severos efectos sobre el abastecimiento, el comercio y la actividad productiva. En La Paz y otras ciudades bolivianas, las señales de desgaste son visibles en largas filas de vehículos en estaciones de servicio, mercados con menor oferta de alimentos, encarecimiento de productos básicos y dificultades para acceder a medicamentos, en medio de una creciente incertidumbre social. La Cámara Nacional de Industrias difundió este jueves un informe que sitúa las pérdidas acumuladas por los bloqueos en 1.680 millones de dólares durante 28 días de conflicto (unos 66 millones de dólares diarios), con una afectación equivalente al 2,26 por ciento del PIB nacional. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) calculó, por su parte, daños superiores a los 1.000 millones de dólares, principalmente en sectores exportadores y productivos, mientras el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, estimó que solo las exportaciones dejaron de mover más de 500 millones de dólares en cuatro semanas de paralización. El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, sostuvo que la conflictividad fracturó las cadenas de producción y comercialización, agravando el desabastecimiento y la inflación. «También está la pérdida de la imagen de Bolivia. ¿Quién se va a animar a invertir en el país o hacer turismo con semejante conflictividad?», cuestionó. Según datos de la Cámara Nacional de Exportadores citados por el sector privado, las ventas externas ya acumulan pérdidas cercanas a los 700 millones de dólares, afectando especialmente a industrias, productores agrícolas y pequeñas empresas vinculadas al comercio regional. A su vez, el economista e investigador Luis Fernando Romero Torrejón afirmó a Xinhua que el impacto de los bloqueos ya se refleja en variables sensibles como el crecimiento económico, el empleo, la inflación y el déficit fiscal. «Cada día de bloqueo significa menos empleo, menos inversión y mayor incertidumbre para miles de familias bolivianas», señaló el analista, quien advirtió que el deterioro económico también erosiona la credibilidad internacional del país. Romero explicó que Bolivia tardará más de un año en recuperar parte de los daños económicos provocados por la crisis, aunque reconstruir la confianza de inversionistas y mercados internacionales podría demandar mucho más tiempo. El especialista alertó además sobre el fuerte incremento del riesgo país, indicador que mide la confianza de los mercados financieros internacionales. Según detalló, Bolivia pasó de 378 puntos al inicio de mayo a 605 puntos tras las semanas de conflicto, ubicándose nuevamente entre los países más riesgosos para invertir en Sudamérica. El deterioro ocurre en un momento particularmente sensible para la economía boliviana. A finales de abril, el estatal Instituto Nacional de Estadística informó que el país había experimentado una recuperación en ventas externas, alcanzado un superávit comercial de 1.268 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, luego de tres años consecutivos de déficits en la balanza comercial. Sin embargo, empresarios y analistas consideran que la prolongación de las protestas amenaza con revertir rápidamente esa recuperación y profundizar la multicrisis que enfrenta Bolivia, marcada por tensiones políticas, desaceleración económica y creciente conflictividad social. Las movilizaciones son impulsadas por organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos, sectores indígenas, maestros, mineros y juntas vecinales, que exigen la renuncia del mandatario y mayores respuestas frente al deterioro económico del país. Mientras el Gobierno descarta dimitir y apuesta por restablecer la circulación en las carreteras, el costo económico de la confrontación comienza a expandirse más allá de las cifras macroeconómicas y golpea con fuerza a transportistas, comerciantes informales y miles de familias que dependen de la actividad diaria para subsistir. En un país con antecedentes de conflictividad social, la actual crisis amenaza con dejar cicatrices más profundas con una economía debilitada, inversiones en pausa y una creciente percepción de fragilidad institucional. Fin
