BUENOS AIRES, 10 nov (Xinhua) — Argentina intervino este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para impedir el avance de la «explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima de las Islas Malvinas», archipiélago en disputa con el Reino Unido.
La delegación argentina desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y expuso la urgencia de adoptar medidas que eviten daños irreversibles sobre los recursos naturales y el medio marino mientras se sustancia el arbitraje internacional, dijo la Presidencia a través de un comunicado.
«Esta tarde será el turno del Reino Unido, que se negó a presentar sus argumentos por escrito antes de la audiencia, por lo que recién entonces se conocerán los fundamentos de su defensa. Mañana continuará la segunda y última jornada de audiencias, con nuevas intervenciones de ambas partes», detalló la información oficial.
Argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y cuyo proceso de descolonización permanece pendiente ante las Naciones Unidas.
«El proyecto Sea Lion contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas. Desde 1965, la ONU reconoce expresamente la existencia de la controversia de soberanía y exhorta a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas», recordó el Gobierno del país sudamericano.
En particular, Buenos Aires hizo hincapié en la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La posición argentina sostuvo que el Reino Unido no puede negarse a negociar la soberanía y, simultáneamente, avanzar sobre la explotación de los recursos del territorio en disputa.
El segundo eje de la presentación se concentró en el carácter irreversible del daño que provocaría la explotación y la inminencia de la situación que justifica el pedido urgente del cese de actividades.
Argentina también advirtió sobre los riesgos ambientales concretos asociados al proyecto Sea Lion y advirtió que «el propio plan de contingencia de una de las compañías incluye la probabilidad de que un eventual derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días».
«En ese escenario, nuestro país debería coordinar la respuesta y afrontar las consecuencias de una actividad que no autorizó. La urgencia de las medidas solicitadas responde, precisamente, a la necesidad de impedir que el avance del proyecto produzca un hecho consumado imposible de revertir mediante una sentencia posterior», añadió el Gobierno del país sudamericano.
El consejero legal de la cancillería, Mario Oyarzábal, quien forma parte de la delegación argentina, enfatizó que «lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva».
La primera ronda de la vista comenzó con la exposición de apertura de Oyarzábal, quien presentó los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos comprometidos y el objeto de las medidas solicitadas.
A continuación, el experto en derecho internacional Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia «prima facie» del tribunal arbitral, y su colega Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de daño irreparable y las amenazas al medio marino.
La existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065, del año 1965.
Las partes protagonizaron un conflicto bélico por la soberanía del archipiélago, contienda que se extendió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 y concluyó con la muerte de 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños. Fin
Con información de la agencia de noticias Xinhua.
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