Poder Judicial de Perú rechaza resolución de CIDH sobre Ley que prescribe crímenes de lesa humanidad

LIMA, 9 jul (Xinhua) — El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, rechazó hoy martes la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a una controvertida norma que limita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes de 2002, y que fue aprobada recientemente por el Congreso de ese país. «Lo que no puede hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos es ordenarle al Poder Judicial que intervenga para impedir la promulgación de una ley», declaró Arévalo ante la prensa al tiempo que subrayó que, si la ley es promulgada, la independencia de los jueces en su aplicación no se verá comprometida. «No tenemos por qué retirarnos de la CIDH, que tiene sus atribuciones, pero cuando se excede tenemos que poner límite», enfatizó el máximo representante del Poder Judicial peruano. La ley aprobada el pasado jueves 4 de julio en la Comisión Permanente del Congreso prescribe todos los delitos calificados como de «lesa humanidad» y crímenes de guerra cometidos antes del 2002, lo que incluye a crímenes por los cuales vienen siendo procesados en su mayoría militares, figuras que participaron en la guerra interna de las décadas de 1980 y 1990. La CIDH emitió una resolución el pasado 1 de julio solicitando al Estado peruano que «a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia a la mencionada propuesta legislativa, «a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de esos casos». En ese sentido, Arévalo expresó que la Corte Interamericana «no tiene facultad para pedirle algo a los poderes del Estado, menos al poder judicial para interferir en las decisiones de otros poderes». La víspera, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, junto al presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta conjunta a la CIDH rechazando la resolución de este tribunal y aseguraron que ésta «supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes». Fin