Ampliación: EEUU sanciona a Corte Penal Internacional

WASHINGTON/LA HAYA, 9 oct (Xinhua) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió hoy viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) a su lista de sanciones, ampliando así las sanciones estadounidenses contra el tribunal con sede en La Haya de funcionarios específicos a la propia institución. «Hoy, Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con esta corte deshonesta, cortando sus recursos y mermando su capacidad para operar», aseveró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado. «El presidente (Donald) Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional enjuicie a estadounidenses», afirmó Rubio. «Estados Unidos nunca se sumó a la corte. No la necesitamos. Y no la queremos». La CPI fue agregada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, con lo que queda sujeta a las sanciones estadounidenses de bloqueo de activos y restricciones a transacciones que involucren a personas estadounidenses, indicó una notificación publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Junto con la nueva designación, el Departamento del Tesoro emitió cuatro licencias generales que autorizan ciertas transacciones relacionadas con la CPI, incluida una autorización de 180 días para las actividades necesarias para mantener sus operaciones, así como exenciones que cubren los servicios de tecnología informática, el plan de pensiones de la CPI y las actividades relacionadas con los detenidos de la misma. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en una hoja informativa que la licencia de 180 días tiene como objetivo dar tiempo a los países miembros de la CPI para demostrar avances significativos en resoluciones diplomáticas y legales que atiendan las preocupaciones estadounidenses respecto al tribunal. La designación sigue a las sanciones previas de Estados Unidos contra funcionarios de la CPI en virtud de una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025. Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a más de una decena de personas conforme a dicha orden, entre ellas la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane, de acuerdo con el Departamento de Estado. La administración Trump acusa a la CPI de atribuirse indebidamente jurisdicción sobre Estados Unidos e Israel, ninguno de los cuales es parte del Estatuto de Roma que estableció el tribunal. Las tensiones aumentaron después de que el tribunal emitiera órdenes de aprehensión en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto en Gaza. La CPI sostiene que mantiene su jurisdicción sobre presuntos crímenes cometidos dentro de los territorios de sus Estados miembros, independientemente de la ciudadanía del sospechoso. La CPI rechazó hoy enérgicamente las sanciones estadounidenses. «Es un ataque contra el Estado de derecho y contra los cimientos mismos del orden legal internacional, lo cual atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley», declaró la CPI en un comunicado, prometiendo que la designación no le disuadirá de cumplir su mandato. Fin