RÍO DE JANEIRO, 24 mar (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó el martes una nueva legislación destinada a fortalecer el combate contra el crimen organizado, que endurece las penas para los integrantes de estas estructuras, refuerza el control sobre los líderes y amplía los mecanismos para la incautación de bienes vinculados a actividades ilícitas. La norma, llamada Ley Antifacción y aprobada a finales de febrero por la Cámara de Diputados, establece un nuevo marco legal para enfrentar organizaciones criminales y milicias en el país. Define como facción criminal a cualquier grupo de tres o más personas que utilice la violencia, amenazas o coerción para controlar territorios o intimidar a la población y a las autoridades. Entre los principales cambios introducidos por la legislación se encuentran penas más severas y mayores restricciones a beneficios penitenciarios, con casos en los que los condenados deberán cumplir hasta el 85 por ciento de la pena en régimen cerrado antes de acceder a progresiones. Además, los líderes deberán cumplir prisión preventiva o serán recluidos en centros de máxima seguridad para limitar su capacidad operativa desde prisión. Durante el acto de sanción, realizado en el Palacio de Planalto en Brasilia, Lula subrayó la necesidad de garantizar que las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad tengan consecuencias efectivas y afirmó que la legislación apunta a los niveles más altos del crimen organizado. Otro de los pilares de la ley es la ampliación de las herramientas para la confiscación de activos vinculados a actividades criminales. La normativa permite la incautación de bienes, derechos y valores, incluidos activos digitales y participaciones societarias, incluso sin una condena penal definitiva, mediante procesos civiles autónomos. Asimismo, crea un Banco Nacional de Datos de Organizaciones Criminales para mejorar la coordinación entre agencias de seguridad de todo el país. La legislación también introduce cambios en el acceso a beneficios sociales y elimina el acceso al «auxilio reclusión» para familiares de integrantes de estas organizaciones. El beneficio, equivalente a un salario mínimo -actualmente fijado en 1.621 reales-, seguirá vigente para otros casos, pero queda excluido cuando el detenido forme parte de una organización criminal, milicia o grupo paramilitar. Según Lula, esta medida busca desincentivar la participación en actividades ilícitas. «El ciudadano que quiera cometer delitos debe saber que su familia también sufrirá las consecuencias. Es una medida importante para que entienda el impacto de sus actos», afirmó. En el plano internacional, el presidente brasileño destacó la cooperación con otros países contra el crimen transnacional, incluidas conversaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la repatriación de activos y personas vinculadas a redes que operan desde el exterior. Mencionó además investigaciones de la Policía Federal sobre contrabando de combustibles y evasión fiscal, con implicados fuera de Brasil. Pese al endurecimiento de las medidas, el Gobierno introdujo vetos parciales para evitar su aplicación a personas sin vínculos comprobados con organizaciones criminales. Con esta normativa, Brasil busca debilitar tanto la operación como las finanzas de estas redes, que desde hace décadas expanden su influencia en el país. Fin
Brasil promulga nueva ley contra el crimen organizado con penas más duras y foco en líderes
