RÍO DE JANEIRO, 25 feb (Xinhua) — El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão a 76 años y 3 meses de prisión como autores intelectuales del asesinato de la concejala de izquierdas de Río de Janeiro Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido el 14 de marzo de 2018. En el mismo caso, el exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro Rivaldo Barbosa fue condenado a 18 años de cárcel por obstrucción a la justicia y corrupción, acusado de haber entorpecido deliberadamente las investigaciones del crimen. El fallo pone fin, en términos judiciales, a uno de los episodios más emblemáticos de la historia criminal reciente de Brasil, que expuso las conexiones entre milicias, crimen organizado y poder político en el estado de Río de Janeiro. Domingos Brazão era consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y su hermano Chiquinho fue diputado federal. Aquella noche de marzo de 2018, Marielle regresaba de un acto sobre el papel de las mujeres negras en la política cuando el automóvil en el que viajaba fue interceptado en el centro de Río de Janeiro. Trece disparos atravesaron el vehículo. Cuatro impactaron en su cabeza y cuello. Anderson Gomes murió en el acto. Su asesora, Fernanda Chaves, sobrevivió. Desde entonces, el caso se convirtió en un símbolo internacional. Mujer negra, nacida y criada en la favela de Maré, socióloga, defensora de los derechos humanos y crítica abierta de la violencia policial y de las milicias, Marielle representaba una nueva generación política emergente desde las periferias urbanas. En marzo de 2019 fueron detenidos el ex policía militar Ronnie Lessa, señalado como autor material de los disparos, y el ex policía Élcio de Queiroz, acusado de conducir el vehículo utilizado en la emboscada. La causa dio un giro decisivo en 2023, cuando la Policía Federal asumió parte de la investigación por orden del entonces ministro de Justicia, Flávio Dino. A partir de acuerdos de colaboración premiada con Queiroz y posteriormente con Lessa, los investigadores reconstruyeron la cadena de mando que, según la Fiscalía General, condujo al asesinato. De acuerdo con la acusación, los hermanos Brazão, vinculados a estructuras milicianas en la zona oeste de Río, habrían ordenado el crimen para impedir que Marielle continuara denunciando prácticas ilegales de apropiación de tierras y expansión territorial de estos grupos. El relator del caso en el STF, Alexandre de Moraes, sostuvo que quedó probada la motivación política del asesinato, así como su trasfondo de discriminación racial y de género. «El crimen combinó intereses económicos y políticos con misoginia y racismo», afirmó durante su voto, acompañado por los ministros del tribunal Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino. Además de las penas de prisión, el tribunal determinó que los condenados paguen una indemnización de 7 millones de reales a los familiares de las víctimas y ordenó la pérdida de sus cargos públicos. Las defensas de los acusados rechazaron las conclusiones del tribunal y cuestionaron la validez de la delación de Lessa, argumentando que no existen pruebas independientes que corroboren sus declaraciones. El fallo también alcanzó a otros implicados: el policía militar Ronald Pereira fue condenado a 56 años de prisión por monitorear los movimientos de la concejala antes del atentado, mientras que el exagente Robson Calixto, alias «Peixe», recibió una pena de nueve años por integrar la milicia presuntamente comandada por los Brazão. Para la familia de Marielle, presente en el juicio -entre ellos su hermana, la actual ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco-, la decisión representa el cierre de un largo ciclo de incertidumbre. Durante años, el caso evidenció fallas, demoras y posibles interferencias en las investigaciones iniciales, alimentando sospechas sobre la protección institucional de los autores intelectuales. «No existe crimen perfecto. Existe crimen mal investigado», afirmó el ministro Dino durante la sesión. Fin
