Por María A. Carrasquilla PANAMÁ, 19 may (Xinhua) — Los puertos panameños de Balboa y Cristóbal registraron una disminución en el movimiento de contenedores durante el primer trimestre de 2026, en medio del proceso de transición operativa derivado del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre Panama Ports Company (PPC). Especialistas panameños consultados por Xinhua analizaron el impacto de la medida sobre la operación portuaria, el clima de inversión y la competitividad logística del país. El fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, fue publicado en la estatal Gaceta Oficial el pasado 23 de febrero. Ese mismo día, el Gobierno panameño anunció la «ocupación» de los puertos y otorgó la «concesión temporal» del puerto de Balboa a APM Terminals y del puerto de Cristóbal a TIL Panamá. Según cifras de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), durante el periodo enero-marzo de 2026, el puerto de Balboa movilizó 539.670 TEU (unidad de medida en contenedores equivalente a 20 pies), frente a los 659.354 TEU registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución de 18,2 por ciento. Por su parte, el puerto de Cristóbal pasó de 304.529 TEU en el primer trimestre de 2025 a 179.728 TEU en igual periodo de 2026, equivalente a una caída de 41 por ciento. En entrevista con Xinhua, el economista y miembro del Centro de Estudios Estratégicos Asia-Panamá, Elmer Miranda, señaló que en los últimos años dos de las principales operaciones empresariales del país, Minera Panamá y Panama Ports Company, han sido impactadas por fallos de la CSJ relacionados con la constitucionalidad de sus contratos. No obstante, indicó que el tratamiento posterior a ambos casos ha sido distinto. «Mientras la operación minera fue suspendida, la operación portuaria ha sido ocupada por otras empresas. Incluso hay fuertes indicios de que la mina volverá a operar pronto bajo el control de la misma empresa», sostuvo Miranda. «Desde el punto de vista comercial e inversión, podemos decir que la seguridad jurídica de Panamá queda en entredicho. Desde el punto de vista geopolítico, el Gobierno de Panamá ha quedado como un operador de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos», afirmó. Miranda consideró que Panamá «necesita tener relaciones de todo tipo, con Asia, Europa, América, África y el mundo entero». «En lo que respecta a China, no podemos olvidar que es el principal socio de la Zona Libre de Colón y el segundo usuario del Canal de Panamá», agregó. Por su parte, el economista René Bracho afirmó que la medida de ocupación se produjo en un contexto marcado por tensiones geopolíticas que protagoniza Estados Unidos. «La imagen de Panamá enfrenta la posibilidad de que, en medio de la incertidumbre global actual, se perciba al país como vulnerable en términos de seguridad jurídica», señaló el docente de la Universidad de Panamá. Para Jones Cooper, subdirector del Instituto del Canal de Panamá y Estudios Internacionales (ICUP) de la Universidad de Panamá, la «ocupación» de los puertos se ejecutó el mismo día de la publicación del fallo en Gaceta Oficial, «lo que evidencia una actuación acelerada y sin un proceso de transición ordenado». Desde la perspectiva de gobernanza portuaria, Cooper indicó que la medida «genera preocupaciones», ya que una intervención «abrupta envía señales contradictorias a los operadores globales». Sostuvo que los puertos requieren planificación, coordinación logística y estabilidad gerencial. «Panamá compite con otros ‘hubs’ logísticos. Cualquier percepción de inestabilidad institucional nos afecta», expresó. En medio de la transición operativa y del debate generado sobre el impacto de la medida en las relaciones económicas internacionales de Panamá, especialistas panameños subrayaron la importancia de mantener relaciones estables con todos los socios estratégicos del país. Cooper señaló que Panamá necesita mantener relaciones con todos sus socios estratégicos. «Perderíamos mucho. Empezando con nuestros lazos de amistad los cuales ya suman más de 170 años», indicó, en referencia a la histórica presencia de la comunidad china en Panamá desde mediados del siglo XIX. Subrayó que China es un actor relevante en las cadenas globales de suministro y un mercado de 1.400 millones de consumidores que «Panamá no puede ignorar». «No se discute la potestad que tiene el Estado sobre sus puertos, pero sí la forma en que se ejecutó la medida cuando debió darse la transición ordenada y prever las consecuencias de las cuales venimos conversando», añadió Cooper. Fin
