LA PAZ, 28 may (Xinhua) — El Gobierno boliviano descartó hoy jueves negociar la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, principal demanda de las organizaciones sindicales y campesinas que mantienen bloqueos y protestas desde hace 28 días en el país sudamericano. «La democracia no se negocia ni se dialoga, se defiende», afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, al endurecer la postura del Ejecutivo frente a las movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y grupos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019). Aunque el Ejecutivo insiste en mantener abierta la vía del diálogo, Lupo calificó de «inaceptable» la exigencia de dimisión presidencial y acusó a «grupos antidemocráticos» de utilizar demandas «legítimas» de sectores campesinos y trabajadores para forzar la renuncia. En paralelo, el Gobierno intentó enviar señales de distensión para facilitar una eventual mesa de negociación promovida por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos. El ministro garantizó que los dirigentes sindicales con órdenes de aprehensión podrán asistir a las reuniones sin riesgo de ser detenidos. Hasta ahora, la orden judicial más visible recae sobre Mario Argollo, dirigente de la COB y uno de los principales referentes de las protestas que mantienen aisladas a La Paz y El Alto, ciudades ubicadas en el departamento de La Paz (oeste), así como otras regiones del país. La situación golpea con fuerza a la ciudad sede del Gobierno (La Paz), donde filas de vehículos en estaciones de servicio se extienden por varios kilómetros, mientras los mercados comienzan a sentir el desabastecimiento de productos básicos y algunas farmacias reportan dificultades para reponer medicamentos. El conflicto, que comenzó con reclamos salariales y demandas sectoriales, evolucionó hasta exigir la renuncia de Paz, quien asumió el poder en noviembre de 2025, hace apenas seis meses. Las organizaciones movilizadas convocaron para las próximas horas a un cabildo nacional que reunirá representantes de los nueve departamentos para decidir si aceptan ingresar al diálogo o radicalizan las medidas de presión. Fin
