LA PAZ, 23 ago (Xinhua) — En un revés significativo para la Administración de Luis Arce, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia observó y devolvió al Ejecutivo las cuatro preguntas planteadas para un referéndum nacional, bajo el argumento de que no cumplen con los criterios fundamentales de claridad, precisión e imparcialidad. Esta decisión marca un punto crítico en la dinámica política del país, donde la aprobación de estas preguntas era vista como un paso crucial en la estrategia gubernamental para avanzar en temas de interés nacional. El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, explicó que, tras un exhaustivo análisis, basado en referencias como la Real Academia Española y la normativa vigente, las preguntas no alcanzaron los estándares necesarios para ser sometidas a consulta popular. «La pregunta 1 solo cumple el criterio de imparcialidad, pero falla en claridad y precisión, lo que podría generar confusión entre los votantes. Además, su formulación sugiere la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado, algo que no estaba claramente especificado», detalló Vargas. Las observaciones se extendieron también a las preguntas 2 y 3, las cuales, según el TSE, no cumplen con ninguno de los tres criterios evaluados. En consecuencia, se recomendó una reformulación integral para que estas puedan ser consideradas nuevamente. Sin embargo, la cuarta pregunta fue la que recibió la crítica más contundente, de la que se afirmó que «tal como está redactada, no corresponde a un referéndum por iniciativa presidencial, sino a un referéndum constitucional aprobatorio que debe ser convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional», aclaró el vicepresidente del TSE, citando el artículo 411 de la Constitución. La respuesta del TSE ya ha sido formalmente comunicada a la Presidencia de Bolivia, estableciendo un nuevo reto para la Administración en su intento por avanzar con este proceso de consulta. Este dictamen pone en jaque la viabilidad del referéndum propuesto por el presidente Arce, obligando al Gobierno a reconsiderar su estrategia o reformular las preguntas para cumplir con las exigencias legales y técnicas del máximo órgano electoral, en un contexto donde la credibilidad y legitimidad del proceso son vitales para asegurar la confianza de la ciudadanía y el respaldo internacional. Las preguntas cubrían varios temas, desde la modificación de la Constitución Política del Estado para incluir la posibilidad de reelección discontinua del presidente y vicepresidente y el incremento del número total de diputados, hasta la continuación de la subvención a la gasolina especial y el diesel, todas ellas con un formato de respuesta de sí/no. Fin